Posted by fernanda On September - 13 - 2011 0 Comment

El juez federal Guillermo Quadrini admitió la posibilidad de participación criminal de funcionarios del Estado uruguayo.

En su resolución el juez federal reconoce la posibilidad de que funcionarios del Estado uruguayo estén implicados como partícipes del delito y la “alta probabilidad” de comisión del delito denunciado. Asimismo, el juez decidió que la causa penal en contra de los empresarios de las papeleras (BOTNIA Y ENCE) debe ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la suerte de los empresarios la decidirá el máximo Tribunal de la Argentina.

La provincia de Entre Ríos y CEDHA fueron quienes denunciaron penalmente a los empresarios y son querellantes en la causa.

La denuncia es la primera en Argentina por delito ambiental en grado de tentativa, y fue presentada por CEDHA en representación propia y del Dr. Jorge Pedro Busti y Guillermo Guastavino, Gobernador y Vice Gobernador de la Provincia de Entre Ríos.

De proceder la imputación e implicarse a funcionarios uruguayos, los ejecutivos de Botnia y ENCE y los funcionarios uruguayos imputados deberán presentarse ante la justicia Argentina para dar explicaciones, con el riesgo de ser detenidos.

La denuncia está dirigida en contra de nueve altos directivos de las dos empresas, por violación al Artículo 55 del Código Penal, en grado de tentativa, infringiendo la legislación nacional argentina respecto a residuos peligrosos (la Ley 24.051), a raíz de actividades llevadas acabo por estas empresas, que ponen en peligro la salud de 300,000 habitantes argentinos que residen en la zona de impacto ambiental directo de las dos plantas ubicadas en Fray Bentos, Uruguay, apenas unos kilómetros de Gualeguaychú.

El artículo 55 de La Ley 24051 establece que “será reprimido … el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general…”

La denuncia hace hincapié en numerosos elementos del caso que ya son de conocimiento público, como la magnitud de impacto que tendrá la producción en la salud de los habitantes (por contaminación con dioxinas y furanos que las empresas verterán en las aguas, tierra y aire), en el recurso pesquero, en el turismo, en las aguas del Río Uruguay, y en el estado del ambiente en general. Estas acusaciones son confirmadas por el informe que presenta Argentina al concluir la Comisión Binacional.

Los denunciados penalmente son los señores Fernando García Rivero, Director General de Celulosas de M’Bopicuá filial uruguaya de ENCE (ya condenado por delito ecológico en Pontevedra, España); Rosario Pou, vicepresidente de ENCE Uruguay; José Luis Méndez Presidente del grupo empresarial ENCE; Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo Vicepresidente del grupo empresarial ENCE (imputado por delito ecológico en Pontevedra); Pedro Blanquer Gelabert Directivo del grupo empresarial ENCE (imputado por delito ecológico en Pontevedra); Ronald Beare Gerente General de Botnia S.A.; Kaisu Annala Gerente de Proyectos BOTNIA S.A.; Carlos Faropa apoderado de BOTNIA Fray Bentos S.A. ambas filiales uruguayas de Metsa-BOTNIA (Finlandia); Erkki Varis, Presidente y Gerente General de Metsa-Botnia. Asimismo la denuncia se dirige contra todas aquellas personas que integran la comisión directiva de ambas empresas y en contra de todo otro responsable que surgiere de la investigación fiscal.

 

Para más información contactar a:

Romina Picolotti

Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
En Argentina: 0351 156 25 3297;
Desde el Extranjero: 54 9 351 625 3297
CEDHA: 0351 425-6278