Posted by fernanda On September - 13 - 2011 0 Comment

El juez federal Quadrini ordenó una serie de pruebas en la investigación penal que lleva adelante por la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la ribera oriental del Uruguay. De esta manera, se profundiza el accionar de la justicia federal en la investigación penal de los empresarios cuyo fin principal es la imputación y posterior condena de los mismos por el delito de contaminación.

En una extensa resolución en la que abundan citas al derecho internacional vigente, incluyendo a los principios de precaución y prevención, el juez dispone entre otras medidas la remisión a la justicia federal argentina vía exhorto de toda actuación judicial presentada en el Uruguay en contra de estas empresas.

La provincia de Entre Ríos y CEDHA fueron quienes denunciaron penalmente a los empresarios y son querellantes en la causa. La denuncia es la primera en Argentina por delito ambiental en grado de tentativa, y fue presentada por CEDHA en representación propia y del Dr. Jorge Pedro Busti y Guillermo Guastavino, Gobernador y Vice Gobernador de la Provincia de Entre Ríos.

Los denunciados penalmente son los señores Fernando García Rivero, Director General de Celulosas de M’Bopicuá filial uruguaya de ENCE (ya condenado por delito ecológico en Pontevedra, España); Rosario Pou, vicepresidente de ENCE Uruguay; José Luis Méndez Presidente del grupo empresarial ENCE; Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo Vicepresidente del grupo empresarial ENCE (imputado por delito ecológico en Pontevedra); Pedro Blanquer Gelabert Directivo del grupo empresarial ENCE (imputado por delito ecológico en Pontevedra); Ronald Beare Gerente General de Botnia S.A.; Kaisu Annala Gerente de Proyectos BOTNIA S.A.; Carlos Faropa apoderado de BOTNIA Fray Bentos S.A. ambas filiales uruguayas de Metsa-BOTNIA (Finlandia); Erkki Varis, Presidente y Gerente General de Metsa-Botnia. Asimismo la denuncia se dirige contra todas aquellas personas que integran la comisión directiva de ambas empresas y en contra de todo otro responsable que surgiere de la investigación fiscal.

El artículo 55 de La Ley 24051 establece que “será reprimido [con prisión...] el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general…”

 

Para más información contactar a:

Romina Picolotti

Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
En Argentina: 0351 156 25 3297;
Desde el Extranjero: 54 9 351 625 3297
CEDHA: 0351 425-6278