Posted by fernanda On September - 13 - 2011 0 Comment

Viernes 24 de marzo, 2006 – Washington – La Ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor publicó hoy su Auditoria Final del cada vez más complicado caso de las papeleras sobre el Río Uruguay, indicando que “la diligencia debida de la CFI para asegurarse de que las EA (Estudios de Impactos Ambientales) fueran completas en todos los aspectos materiales, antes de la divulgación, fue inadecuada y no cumplió con la Política de Divulgación de la organización, lo cual resultó en la divulgación de EAs que no estaban completas”. La CAO agrega que los procedimientos de la CFI “no son lo bastante rigurosos o fuertes como para apoyar” las conclusiones de las EAs.

La auditoria indica que la CFI no ofreció explicaciones sobre porqué tomo la decisión de eximir a ENCE, la empresa española, de producir un Plan de Consulta Pública y Divulgación (PCPD), como lo obliga la política de salvaguardia de la CFI, OP 4.01, uno de los puntos de mayor conflicto con los afectados. La CAO también encuentra que la CFI y OMGI presentaron documentos confusos, contradictorios, y atestados, sobre el cumplimiento de las políticas de salvaguardia, y en particular sobre el impacto acumulativo de las fábricas, posiblemente porque la CFI quiso construir una “Muralla China” entre los emprendimientos, separados por apenas 6km, basado en que querían “evitar toda posibilidad de intercambio de información [comercial] confidencial”, a pesar de que el impacto combinado de estos dos proyectos, constata CEDHA, sería la producción de celulosa más grande del mundo y expondría a las comunidades a impactos severos en su salud y formas de vida.

La CAO indica que la CFI, ya sabía en Abril del 2005 que “procedía con EAs incompletos” y “que debería haber informado a los afectados”, lo que nunca hizo.

La Auditoria revela que la CFI en Junio del 2005, sabía que los EAs de Botnia y ENCE “se basaban en datos técnicos obsoletos”, y que la CFI también sabía “de preocupaciones en las comunidades de Argentina, que percibían las plantas de celulosa como una amenaza a su calidad de vida”.

El mismo mes, la CFI le indicaba a ENCE que sus EAs aún eran inadecuados, luego de que la CFI le pidiera a ENCE información suplementaria sobre el impacto acumulativo, particularmente relativo, “especialmente impactos sociales y económicos, incluso impactos sobre el turismo del lado argentino del río Uruguay.” Sin embargo, la CFI no ofrece evidencia sobre porqué de repente la CFI decide informar a ENCE que cumple con los requerimientos de la CFI al respecto.

La Auditoria también constata el reconocimiento de MIGA de que la zona de influencia del proyecto, particularmente respecto al impacto económico del mismo, incluye los 60km alrededor del sitio de las fábricas, lo que incluiría a la ciudad de Gualeguaychú, algo que la CFI y las empresas niegan, y una zona de influencia de 200km respecto a los impactos de las plantaciones de eucalipto, que también ha sido minimizado por las empresas y por la CFI. Los documentos de MIGA también constatan que el “estudio de los impactos socio-económicos en Entre Ríos estaba limitado por la disponibilidad de datos y recomendó que una evaluación más profunda … merecía más trabajo”.

En cuanto al muy controvertido Estudio de Impacto Acumulativo (EIAc), comisionado por la CFI cuando era claro que los EAs eran insuficientes, la CAO concluye que la CFI “no aclaró públicamente hasta que punto el Estudio de Impacto Acumulativo (EIAc) podía influir sobre el proceso de decisiones, al no reconocer que hubo una deficiencia en su anterior diligencia debida, al no tomar un compromiso claro de consulta sobre el EIAc”, todos elementos del EIAc sobre los cuales las comunidades afectadas han elevado quejas al Presidente del Banco Mundial, desde que se inició el EIAc en Diciembre del 2005.

La CAO concluye que “la diligencia debida de la CFI … fue inadecuada y no cumplió con la Política de Divulgación”.

Las papeleras ENCE (España) y BOTNIA (Finlandia) son dos de las más grandes papeleras del mundo, con una larga historia de contaminación, fuertes rechazos por parte de las comunidades vecinas a sus fábricas y severos problemas con la ley. Sin embargo, lograron convencer al gobierno Uruguayo que abra sus puertas para la inversión más grande de la historia del país: un proyecto de más de 1,800 millones de dólares. Las papeleras utilizarán tecnología de segunda categoría en la producción de la pulpa. Emplearan un proceso de alto contenido de cloro que combinado con los químicos propios de este tipo de producción, resultará en el descargue de monóxido de carbono, dióxido de azufre, y de dióxido de cloro que resultan en la introducción de dioxinas y halógenos orgánicos absorbibles, en el agua y la atmósfera. También se generará una acumulación preocupante de residuos de plomo, cadmio, cromo, y arsénico en el suelo y en las aguas de la zona. Todos estos elementos son causantes comprobados de una larga lista de enfermedades relacionadas con problemas de desorden genético, cáncer, respiratorios, y enfermedades cutáneas. El caso ha enfrentado a Argentina y a Uruguay, y causado un conflicto internacional que incluye un bloqueo de tránsito entre las naciones que se sostuvo más de 40 días, y sigue escalando la tensión entre dos países que normalmente mantienen muy cordiales relaciones.

 

Mas información

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Jorge Daniel Taillant
Center for Human Rights and Environment (CEDHA)
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cel. Desde afuera de Argentina 54 9 351 625 3290
jdtaillant@cedha.org.ar

Para más información sobre el caso, ver:
http://www.cedha.org.ar/en/initiatives/paper_pulp_mills/

Para consultar la Auditoria, ver:
http://www.cao-ombudsman.org/html- english/documents/CAOAuditofOrionandCMBPulpMillsFinalReportENGLISH.pdf