Posted by fernanda On September - 15 - 2011 0 Comment

7 de Setiembre – Montevideo. El tribunal ad-hoc, creado para atender el reclamo hecho por Uruguay acusando a Argentina por violaciones al Acuerdo del MERCOSUR, al tiempo que reclama 400 millones de dólares en pérdidas por los cortes de ruta realizados por los ciudadanos de Gualeguaychú en oposición a la instalación de las dos controvertidas pasteras, anunció ayer que la Argentina actuó de buena fe para disuadir los cortes, y que mientras la actuación de Argentina de no tomar “las debidas diligencias … para prevenir … los cortes de ruta … no es compatible con el compromiso asumido [en el] MERCOSUR “, Argentina no está obligada a reparar el daño a Uruguay . Además, el tribunal constató que no tomará medidas especiales para obligar a la Argentina a disuadir futuros cortes de ruta.

El último punto deja más incertidumbre para los inversionistas sobre los futuros riesgos y la seguridad de sus inversiones, ya que la Corte Internacional de Justicia ha dejado las puertas abiertas para que Argentina presente en el futuro demandas contra Uruguay por la contaminación causada por las pasteras, e inclusive la posibilidad de obligar al desmantelamiento de las fábricas.

El fallo también anunció que las manifestaciones y los cortes realizados por los ciudadanos de Gualeguaychú contra las fabricas de Botnia y ENCE fue “comprensible” y “que en forma organizada , dicha población adoptara actitudes ostensibles … en defensa de sus legítimos derechos” . También sitó que “la amenaza de un daño que dicha población percibe como cierto e inminente y la inicial falta de atención que atribuían a de ambos gobiernos ante sus peticiones” (párrafo 157 del fallo). Esta declaración apoya reclamaciones de los residentes locales que Botnia y ENCE, las empresas involucradas en las pasteras, fallaron en la consulta a personas afectadas en Argentina, y fracasaron en obtener la licencia social necesaria para la operación de las plantas en la región. Además, el tribunal agregó “su comprensión en cuanto al sentimiento de alarma y consecuente protesta de los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay” para “llamar la atención sobre unas construcciones potencialmente dañinas [de las fábricas] , y no alcanzaron reacciones categóricas de ninguno de los Gobiernos, argentino y uruguayo.” (párrafo 173).

El fallo es un contratiempo para el gobierno uruguayo, y para las dos empresas celulosas, que han esperado establecer su legitimidad en el emprendimiento, aunque el fallo solidificó la legitimidad de las manifestaciones. La comunidad local afectada por las inversiones reiteró recientemente su demanda no negociable para la reubicación de las plantas a un sitio más apropiado.

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