Posted by fernanda On September - 15 - 2011 0 Comment

En un episodio más del controvertido caso de las pasteras sobre el Río Uruguay, que mantiene a Argentina y a Uruguay en medio de un conflicto binacional, esta semana los fundados temores argentinos sobre los impactos negativos en materia ambiental y de derechos humanos del proyecto se hicieron realidad, cuando una nube de sulfato de sodio, emanado de las calderas de Botnia, generó la intoxicación de al menos 30 empleados de la pastera Botnia e incluso impactó en la salud de residentes de la vecina de Gualeguaychú.

Los propios obreros de la planta reconocen que Botnia no puede actualmente garantizar condiciones saludables de trabajo, en consecuencia dispusieron, a través del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) de Uruguay, una medida de fuerza que mantendrá paralizada la actividad de la planta durante los próximos días.

La Cancillería Argentina; alarmada por estos acontecimientos, ha procedido inmediatamente a “convocar al Embajador del Uruguay en Buenos Aires, Francisco Bustillo, a fin de hacerle entrega de una nota en la que transmite “su más fuerte inquietud” por este grave episodio. Señalando, además, que este “emprendimiento ilícito, autorizado y desarrollado sobre un recurso fluvial compartido en violación de un tratado bilateral, el Estatuto de 1975, constituye el objeto principal de la controversia entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia”[1], donde la Argentina presentó un reclamo argumentando que se trata de un proyecto perjudicial, no sólo para el ecosistema asociado del Río Uruguay y sus áreas de influencia, sino que también afecta directamente la salud y el bienestar de las comunidades adyacentes a dicho recurso compartido.

El canciller argentino Jorge Taiana, señaló que “la Argentina no dudará, como lo ha hecho desde el inicio de la presente controversia, en seguir defendiendo los derechos de nuestro país que se ven vulnerados por el emprendimiento ilícito a cargo de Botnia”, lo cual abriría la posibilidad de una nueva presentación argentina ante la Corte Internacional de Justicia, ya que este nuevo escenario que se plantea antes de que Botnia finalice su primera producción de pasta celulosa, brinda a la Argentina pruebas contundentes que dan aval al reclamo argentino.

Por su parte, el gobierno uruguayo ha reconocido la gravedad de la situación al tomar medidas inmediatas de control sobre Botnia, enviando al predio inspectores de la cartera laboral para determinar los motivos del derrame químico. Según la agencia de noticia Télam, la Inspectora General, María Narducci, admitió que hubo “falta de previsión” por parte de la compañía finesa y dejó claramente entendido que la situación desembocará en una sanción.[2]

[1] http://www.mrecic.gov.ar

[2]http://www.telam.com.ar/vernota.phptipo=N&idPub=72148&id=170309&sec=1&dis=1

 

Angeles Pereira

angeles@cedha.org.ar